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Aborto en Uruguay: crear comisiones para que casi nada cambie
20 septiembre, 2012
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El próximo martes 25 de septiembre, la Cámara de Diputadas/os de Uruguay debatirá un proyecto de ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo muy lejano a otros intentos legalizadores como el vetado por el ex presidente Tabaré Vázquez o el aprobado incluso en diciembre del 2011 por el Senado. Esta propuesta –resistida desde las organizaciones de mujeres-  pareciera apuntar a institucionalizar el pedido de los abortos pero sin la garantía de realización de los mismos.

COMUNICAR IGUALDAD- Desde 1938 el aborto está penado en Uruguay por la ley 9763 que señala que a la mujer que se realizara un aborto le corresponderán de tres a nueve meses de prisión y al/la médico/a u otra persona que se comprometiera en el procedimiento de 6 a 24 meses.  Quien juzgue podría considerar atenuantes en varias circunstancias: problemas económicos, riesgo para la salud de la mujer, violación o salvaguarda del honor familiar.

Muchas veces en las últimas décadas se intentó en el país vecino legalizar el aborto. El momento más tenso de este debate entre los distintos sectores sociales con representación parlamentaria y política fue el año 2008 cuando el Parlamento sancionó una ley que lo legalizaba y el entonces presidente Tabaré Vázquez la vetó. Antes y después de ese suceso, se siguieron presentando proyectos más o menos restrictivos tendientes a modificar la ley 9763. En diciembre del 2011, se había logrado aprobar en el Senado un proyecto que legalizaba la práctica hasta la semana 12, pero no pudo avanzar en la Cámara Baja por dos diputados oficialistas que se negaron a apoyarlo. Se llegó así a un proyecto “de consenso” entre el Frente Amplio –oficialismo- y el Partido Independiente que no legaliza la práctica sino que la despenaliza si la mujer cumple ciertos requisitos y la realiza antes de las 12 semanas de gravidez.

El proyecto prevé que cuando la mujer manifieste su deseo de abortar se coordinará una entrevista con al menos tres profesionales –un/a ginecólogo/a, un/a especialista del área de la salud psíquica y otro/a del área social- que le informarán sobre los riesgos de la interrupción del embarazo, las alternativas al aborto y los programas de apoyo social a la maternidad o de adopción. Luego, la mujer tendrá que esperar cinco días y si ratifica su voluntad de abortar se coordinará el procedimiento. Fuera de estos plazos y requisitos el proyecto prevé, como excepción, autorizar el aborto cuando el embarazo implique un grave riesgo para la salud de la mujer, cuando se verifique un proceso patológico, que provoque malformaciones incompatibles con la vida extrauterina o cuando el embarazo sea producto de una violación, dentro de las catorce semanas de gestación.

La ex diputada y senadora frenteamplista y feminista Margarita Percovich señaló a COMUNICAR IGUALDAD que el objetivo del actual proyecto “es ir eliminando la clandestinidad y soledad en las que las mujeres realizan los abortos y se busca también obligar a las instituciones de salud a desclandestinizar el tema y naturalizarlo en los servicios. Hoy ya están obligados todos los centros de salud a tener un equipo de salud sexual y reproductiva. Allí se atienden todos los temas relativos a la anticoncepción, ITS, identidad sexual, prevención de infertilidad, etc y ahora deberán incorporar la atención de quienes quieran abortar. No veo demasiadas diferencias con lo que pasa hoy. Salvo que dependeremos más de la institucionalidad médica pero también es una ventaja que asuman su responsabilidad. El problema lo tendrán las que se pasen de las 12 semanas pero la clandestinidad hoy ya existe y lo bueno es que se pueda reducir. Las mujeres seguimos sin el control de nuestros cuerpos pero sabemos que es la última barrera en la que se refugia el patriarcado y el sistema de valores conservadores. Si se aprueba el proyecto habremos dado un paso adelante de lo que hoy tenemos. Muy corto pero paso al fin. Nos desafía a seguir peleando por un cambio cultural más amplio del sistema político y de las instituciones del Estado.  Son éstas las que deben educar a la población garantizando sus derechos”.

La Coordinadora por el Aborto Legal –que lleva adelante la Campaña Aborto Legal/Uruguay– emitió hoy un comunicado en el que hace sus propias observaciones al proyecto de la Cámara baja, señalando que oportunamente fueron hechos estos comentarios a las comisiones y no se los tuvo en cuenta. La Coordinadora cuestiona que el proyecto “no despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo, apenas ‘suspende’ la pena siempre y cuando se cumplan con todos los trámites y plazos establecidos en los artículos siguientes de la ley; que la misma conducta fuera de ese procedimiento será penalizada, es decir si una mujer interrumpe su embarazo antes de las doce semanas y lo hace en su hogar; y que como el aborto seguirá siendo un delito, aunque la mujer cumpla con todo el procedimiento puede ser denunciada”. También denuncian que no se le reconoce a la mujer el derecho a decidir libremente sobre su vida y su maternidad; que la función del equipo multidisciplinario que se entrevista con la mujer es  de convencerla para que no se practique el aborto; que el proceso previsto es engorroso y legalmente injustificado: entrevista con médico, entrevista con un ‘tribunal’ exponiendo las ‘penurias’, plazo mínimo de reflexión de cinco días, presentación para dejar por escrito su decisión, y recién allí comienza la intervención para la efectiva interrupción del embarazo; y que el hecho de que las mujeres tengan que relatar ‘sus penurias’ ante un Tribunal es discriminatorio de quienes deciden interrumpir el embarazo, que deben ubicarse en una situación de ‘humillación’ para no ser castigadas, transformándose en un obstáculo, cuando no en un instrumento de presión, para evitar los procedimientos”. Cuestiona también el establecimiento de plazos para realizar un aborto producto de una violación, un requisito que no está presente siquiera en la ley actual; y que no se prevé sanción para quienes no cumplen estos plazos.

Según una encuesta realizada en mayo de este año por la consultora CIFRA, es más la gente que aprueba la despenalización del aborto que la que promueve que continue penalizado: 51% a 37%.  Desde el 2001, la opinión pública siempre se manifestó más a favor que en contra de despenalizar el aborto, a excepción de una encuesta del 2005. Los hombres, y las personas con más nivel educativo son las más favorables a liberalizar la legislación.

Informe: María Belén Croce