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Ley de Medios: la posibilidad de discutir nuevos consensos en torno a comunicación y género
3 diciembre, 2015
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La Asociación Civil Comunicación para la Igualdad ve con preocupación los rumores circulantes en torno a la modificación de la actual Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. La ley fue aprobada en el año 2009 con amplio apoyo popular y su texto es producto de un largo y trabajado consenso de organizaciones de la sociedad civil. Su implementación ha venido a modificar el escenario de los debates en torno a comunicación y género, generando nuevos estándares y ubicando a la Argentina a la vanguardia de la región en las políticas públicas sobre el tema.

COMUNICACIÓN PARA LA IGUALDAD– Desde Comunicación para la Igualdad manifestamos nuestra preocupación por las declaraciones hechas a distintos medios de comunicación por integrantes del nuevo gobierno que asumirá el próximo 10 de diciembre, en relación a la intención de modificar la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La Ley es producto de un amplio debate entre organizaciones de la sociedad civil desde el retorno de la democracia, que se plasmó luego en foros federales en todo el país de los que participaron 10 mil personas. Es probablemente la norma con mayor demostración de apoyo democrático de la historia argentina y su texto ha sido reconocido y felicitado por organismos regionales e internacionales de derechos humanos.

La ley promueve “la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres, y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual” (artículo 3 m) e indica la necesidad de que los contenidos de los medios de comunicación sean respetuosos de los derechos humanos y específicamente no vulneren los de las mujeres (protegidos por la Ley 26485 de Protección Integral de la Violencia hacia las Mujeres) ni de ninguna persona en base a su identidad de género u opción sexual.

Marca un standard alto, y desconocido hasta entonces en el país, en relación a la salvaguarda de los derechos humanos vinculados a temas de género en los medios de comunicación. Y ha permitido desde entonces, tanto a través de los organismos que integran la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), como de los creados por la misma ley como la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Oficina de Monitoreo de Avisos de Oferta Sexual -surgida para la implementación de las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual, de Protección Integral de la Violencia y de Trata de Personas-, generar un nuevo estatus en relación al abordaje de los temas de género vinculados a la comunicación.

Desde la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conjuntamente con la sanción el mismo año de la Ley de Protección Integral de la Violencia, aumentó sustantivamente en el país el debate y la reflexión en torno a las desigualdades de género que los medios de comunicación reproducen y generan. También se han multiplicado la instancias de investigación y capacitación en torno al tema.

Argentina en la actualidad es reconocida a nivel regional e internacional por sus avances en torno al intento de erradicar los contenidos discriminatorios de los medios de comunicación, tanto por parte de la sociedad civil como del Estado a través de políticas públicas de comunicación y género. Los datos del último Proyecto Monitoreo Global de Medios indican que se detuvo el avance a nivel global en relación a la erradicación de las desigualdades de género en los medios de comunicación. En este contexto, es central que el estado se comprometa en la mirada crítica hacia los contenidos mediáticos. Muchísimos medios han modificado prácticas en Argentina en los últimos años como consecuencia del accionar de los organismos del Estado, tanto los ya mencionados como el Observatorio para la Discriminación en Radio y Televisión y el Área de Fiscalización de la AFSCA.

Por todas estas razones, consideramos imprescindible que la Ley 26522 continúe implementándose como hasta la fecha, sin retrocesos en relación a los derechos adquiridos.

Entendemos también que la disposición de la ley en relación al recambio de autoridades de la autoridad de aplicación -AFSCA- y de Radio y Televisión Argentina (RTA), que prevée que “la conformación del directorio se efectuará dentro de los dos (2) años anteriores a la finalización del mandato del titular del Poder Ejecutivo nacional, debiendo existir dos (2) años de diferencia entre el inicio del mandato de los directores y del Poder Ejecutivo nacional” (artículo 14) es fundamental para garantizar la autonomía de los medios públicos y de la entidad reguladora en relación al Poder Ejecutivo Nacional.

Esperamos que una de las leyes que más ha discutido la democracia argentina, y que ha tenido un amplísimo consenso, sea respetada y aplaudida por el gobierno entrante como lo ha sido por los organismos regionales e internacionales de derechos humanos, y que se consideren los tiempos que la misma determina como parte de la valoración de las instituciones democráticas del país.