Contactar comunicarigualdad@gmail.com +54-11-47726862 (de 9 a 13 hs)
Tomaselli fue designado y Entre Ríos retrocede
18 junio, 2012
0

En un gesto nada anunciado, el gobernador de Entre Rios Sergio Uribarri aprobó el pliego como juez de Familia de Raúl Tomaselli, un funcionario judicial severamente cuestionado por su accionar en enero pasado cuando judicializó innecesariamente el pedido de un aborto no punible para una nena de 11 años. También fue cuestionada por las organizaciones de mujeres de la provincia la Guía de Procedimiento para la Atención de Pacientes que soliciten Prácticas de Aborto no Punibles.

Por Sandra Chaher

COMUNICAR IGUALDAD– Raúl Tomaselli, quien hasta hace menos de un mes se desempeñaba como juez subrogante, fue nombrado por el gobernador de Entre Rios Sergio Uribarri como titular del Juzgado de Familia, Civil y Penal de Menores Nº 1 de Concordia. La designación había sido impugnada en enero por un nutrido número de organizaciones de la sociedad civil por su desempeño en el caso de una nena de 11 años abusada sexualmente, cuya mamá solicitó se le realizara un aborto no punible. En ese momento, la abogada contratada por la mujer  –que pertenecía a una familia humilde del interior de Entre Rios- presentó un pedido judicial para autorizar el aborto –un trámite innecesario- y la causa recayó en el juzgado que ocupaba Tomaselli como juez subrogante. Su actitud fue pedir un informe médico al Hospital Masvernat, de Concordia, cuyo equipo profesional se manifestó contrario a la realización del aborto ya que, según señalaron, la nena estaba en perfectas condiciones físicas de atravesar la gestación. No hicieron ningún análisis sobre los efectos emocionales ni sociales de un embarazo en la niñez ni sobre la manifiesta decisión de la nena de no tener al bebé. Unos días después la madre retiró el pedido de interrupción del embarazo, presionada tanto por el juez y por grupos antiderechos.

Luego de esa desprotección de los derechos de la niña, diversas organizaciones  sociales –el Consorcio Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos (Conders), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Paraná, la Red de Alerta, la organización Mujeres Tramando, Mujeres con Cristina, la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)- pidieron al Senado provincial y al gobernador Uribarri que no avanzara un pliego en curso de designación de Tomaselli como titular del juzgado que ocupaba como subrogante. El Senado entrevistó a Tomaselli el 16 de febrero  -un mes después de de su intervención en el caso de la nena abusada-, en una audiencia en la que a pesar de mostrar ignorancia frente a instrumentos jurídicos fundamentales para la defensa de los derechos de las mujeres, recibió el apoyo de la corporación judicial y fue aprobado por el Senado.

Luego vino el silencio. Los demás pliegos a la espera de la aprobación de Uribarri fueron aprobados pero el de Tomaselli no. Hasta que el 5 de junio, las organizaciones sociales fueron informadas de que el gobernador Uribarri había puesto su firma el 23 de mayo al decreto que le permitía a Tomaselli transformarse en juez titular del Juzgado de Familia, Civil y Penal de Menores Nº 1 de Concordia. “Aún no sabemos qué vamos a hacer –relató Carolina Coraleras, representante del CONDERS en Entre Rios a CI-. Nosotras esperábamos otra actitud del gobernador porque presentamos una información muy fundamentada sobre lo inadecuado de la designación de Tomaselli, pero además porque había algunos indicios que él tenía la intención de trabajar por los derechos de las mujeres, como cuando en la apertura de las sesiones legislativas de este año convocó a los funcionarios a trabajar junto a las organizaciones sociales, y a no temerles, y cuando al presentar el Protocolo de Atención de las Víctimas de Abuso Sexual se refirió a la ‘lacra machista’. La verdad es que estos últimos meses nos dejaron agotadas. Pero seguramente iniciaremos alguna acción cuando analicemos en profundidad las posibilidades.”

Las organizaciones de la sociedad civil de Entre Rios fueron las que los últimos meses sostuvieron en la agenda pública y mediática de esa provincia y del país la problemática de los derechos sexuales y reproductivos. No sólo en el caso de la nena de Concordia y del pliego de Tomaselli, sino también denunciando las fallas de la Guía de Procedimiento para la Atención de Pacientes que soliciten Prácticas de Aborto no Punibles, que el Ministerio de Salud de esa provincia elaboró con la pretensión de ajustar el procedimiento de la provincia al fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre aborto no punible de marzo del 2012.

Guía de Procedimiento para la Atención de Pacientes que soliciten Prácticas de Aborto no Punibles

En Entre Rios, al igual que en Salta y Córdoba, los protocolos elaborados por los poderes ejecutivos provinciales para ajustar el procedimiento provincial al fallo de la Corte Suprema Provincial, recibieron críticas de las organizaciones de mujeres por poner obstáculos a la concreción de los abortos no punibles.

Los cuestionamientos realizados en Entre Ríos a la  Guía de Procedimiento para la Atención de Pacientes que soliciten Prácticas de Aborto no Punibles, aprobada el 3 de mayo del 2012 son: falta de regulación clara de la objeción de conciencia; restricciones al acceso de niñas y adolescentes al aborto no punible, ignorando la Convención de los Derechos del Niño; y la intervención innecesarias de equipos interdisciplinarios, entre otros.

Para completar el panorama de la reacción conservadora que está atravesando la provincia, el senador provincial César Melchiori (que trascendió en los últimos meses las fronteras de su provincia por sus declaraciones potentemente discriminatorias y misóginas) presentó en abril, luego del fallo de la Corte Suprema, un proyecto que restringe cualquier posibilidad de acceso al aborto, ni siquiera las no punibles aceptadas por el Código Penal sancionado en el país en 1921.