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Abortos legales: ¿se realizan o no?
26 mayo, 2015
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Garantizadas desde 1921 en el Código Penal, y reaseguradas por la Corte Suprema en 2012 a través del fallo F.A.L, las intervenciones voluntarias de las gestaciones que no perciben  pena carecen de normativa que garantice el acceso a la práctica en Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. En otras ocho provincias, se obstaculizan. A pesar de este marco, algunas prácticas se realizan con dilaciones y violencia. Solo lxs efectorxs con compromiso las ejecutan con responsabilidad.

Por Jésica Farías

COMUNICAR IGUALDAD– Hace casi tres décadas, un grupo de activistas lanzaba el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres para anpevidenciar qué problemáticas afectan a niñas, adolescentes y adultas en materia sexual y reproductiva. A 28 años, y a pesar de que el artículo 86 del Código Penal Argentino, establece que en caso de que corra peligro la vida o salud de la gestante, o que el embarazo sea producto de una violación, es derecho exigir un Aborto No Punible (ANP), las interrupciones voluntarias enmarcadas en la ley son obstaculizadas. En ese sentido, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) advirtió en marzo pasado que “a tres años del Fallo F.A.L, el Estado nacional y las provincias deben garantizar” ese derecho.

A tres años del dictado del fallo (F.A.L), la ADC ha podido verificar que: nueve jurisdicciones no cuentan con protocolos. Se trata de Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán y la jurisdicción nacional; ocho jurisdicciones regulan los permisos con exigencias que pueden dificultar el acceso a los abortos no punibles. Se trata de Ciudad de Buenos Aires (cuyos requisitos arbitrarios se encuentran suspendidos por orden judicial), Córdoba (actualmente suspendido parcialmente por orden judicial), Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Provincia de Buenos Aires, Río Negro y Salta; y otras ocho jurisdicciones poseen protocolos que se corresponden, en buena medida, con lo dispuesto por la CSJN. Se trata de Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego (…) Es decir, más de la mitad de las jurisdicciones del país aún no cuenta con una normativa que asegure, de modo efectivo, el ejercicio de un derecho que las mujeres tienen desde 1921”, evidenció la asociación en el informe Acceso al aborto no punible en Argentina: Estado de situación.

anp2Legal en tanto que despenalizado

Pero, ¿por qué se obstaculizan las interrupciones voluntarias legales? “Las resistencias culturales, aun cuando esta legalidad es de 1921, hicieron que prácticamente fueran inaccesibles”, evocó en diálogo con COMUNICAR IGUALDAD Soledad Deza, abogada e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La letrada repasó el fallo F.A.L y la exhortación que la Corte Suprema de Justicia (CSJN) hizo a las provincias para que protocolos y guías médicas garanticen el acceso y cierto nivel de calidad en la atención clínica. Entonces el máximo tribunal de justicia estableció que no puede haber barreras, que no se deben exigir las denuncias en los casos de violación ni pedirse autorizaciones judiciales y que la objeción de conciencia médica no puede dilatar o impedir, entre otros lineamientos. Pero, ¿qué pasa en la realidad? Finalmente, esos estándares de atención “generaron -continuó- un acceso diferencial en distintos territorios y, a raíz de esto, se creó una confusión porque hay un sector de la sociedad que pensó que porque no se hacen los abortos, entonces no está disponible el derecho a interrumpir un embarazo, pero no tenemos que ver barreras en donde no las hay”. 

Con énfasis, Deza retomó: “No está penalizada la interrupción de una gestación riesgosa o de de una forzada, entonces estamos hablando de una práctica legal y, por lo tanto la mujer que pida acceder a ella goza de todos los beneficios y derechos que acuerda la Ley 26.529 como usuaria de un servicio”. En tanto que sobre los protocolos, reiteró que “las prácticas médicas que están permitidas no dependen” de esas herramientas –“que sirven, sí, para estandarizar buenas prácticas”-.

La inconsciencia profesional

A mediados de abril del 2015, la ADC presentó una acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que informe la cantidad de profesionales de la salud objetorxs y no objetorxs de conciencia que se desempeñan en cada uno de los centros de salud públicos y privados de esa región. Esos datos habían sido solicitados en febrero al Ministerio de Salud porteño a través de un pedido de acceso a la información pública “pero no fue respondido, por lo que el 20 de marzo se radicó un amparo en el Juzgado No. 3 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, a cargo del juez Pablo Mantras”, señalaron desde la asociación.

“En el ámbito de la salud, la objeción de conciencia representa `la legítima posibilidad [de los profesionales de la salud] de negarse a proporcionar ciertos servicios de salud por considerarlos contrarios a sus convicciones personales´. Sin embargo, tal facultad no es absoluta y debe respetar el derecho de las mujeres a acceder a un aborto en caso de que el embarazo ponga en riesgo la vida o la salud de la mujer y cuando el embarazo es resultado de una violación (artículo 86 del Código Penal)”, demostró la ADC. 

Consultada sobre la discutida objeción de conciencia, Deza sostuvo que “pasó de ser una herramienta defensiva, es decir, una para preservar a la propia conciencia; a una agresiva ya que su uso descontrolado por parte de los médicos y sin supervisión del Estado, generó que en instituciones o provincias enteras una práctica sanitaria que es lícita no esté disponible. Sacó de las posibilidades practicas el aborto no punible”.

Dilatar los derechos: un caso que se repiteanp3

Llegó al hospital, a kilómetros de su casa. Viajó junto a su familia de una zona rural cordobesa hasta la ciudad de Villa María, en el centro de la provincia. Ahí se enteraron de que estaba gestando. El diagnostico del feto: anencefalia, enfermedad incompatible con la vida, caracterizada por la ausencia de los hemisferios cerebrales, la estructura ósea del cráneo y el cuero cabelludo. ¿Cómo no interpretar que ese caso es un aborto no punible? ¿Cómo desentenderse de que frente al cuadro la salud física y psíquica de la gestante estaba en peligro? “Una vez que le hicieron la eco le dijeron que tenía que esperar hasta el noveno mes en el hospital (Pasteur)”, recordaron a COMUNICAR IGUALDAD desde Las Juanas, de La Colectiva. El espacio local que adhiere a la Campaña Nacional por el derecho al Aborto intervino para agilizar el ANP.

En el centro de salud, sus autoridades dijeron desconocer la normativa y el fallo F.A.L de la Corte Suprema por lo que “algunas compañeras –agregaron– se juntaron con lxs médicxs y les llevaron información, les explicaron que se debía respetar el derecho de la joven. Había desinformación pero también faltaba voluntad, es decir, se desconocía sobre ANP pero tampoco se mostraba un interés por saber”. Desde la entrada al centro de salud hasta el aborto legal pasaron dos semanas hasta que “finalmente, y con el acompañamiento que hicimos, se realizó la práctica. En esos días que estuvo internada, estuvo lejos de su familia porque tenían horarios, pero además la dejaron en Maternidad, con mujeres que recién habían parido. La violencia psicológica fue fuerte”, expresaron quienes la acompañaron desde Córdoba.

Consultada por esta agencia sobre la aplicación de las interrupciones de embarazo no penalizadas, Florencia Maffeo, integrante de la Mesa Oeste por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la Campaña Nacional por el derecho al Aborto y socorrista, explicó que “debería haber un registro, uno que tendría que hacer el Estado, pero no lo hay. Nosotras nos enteramos de estos casos cuando se niegan pero cuando se hacen sin problemas, no te enteras”. Las estadísticas, cifras necesarias para observar y hacer valer un derecho que con casi 100 años aún se obstaculiza o niega; que con casi 10 décadas sólo pone en peligro a quienes decidan discontinuar una gestación y deja una pregunta abierta: la salud, ¿es para todxs?

Nota central:

“El Estado convalida que el aborto se haga en silencio, pero no genera ninguna política pública que implemente un compromiso”

 

 

 

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3 comments

  1. Tu hijo sin derechos

    Se perciben tiempos nuevos, no hay sólo un problema, eso es propio de “mentes monotemáticas”; que el derecho a decidir sólo para las mujeres no acapare toda la escena. TIEMBLA EL FEMINISMO BURGUÉS CORPORATIVO: alquiler de vientres para solterxs y casadxs legal ya; derecho legal a decidir ejercer o no la paternidad ante un hijo no deseado para varones ya; abolición de la pensión de alimentos para padres varones meramente biológicos; reemplazo progresivo de todas las pensiones de alimentos (cuota alimentaria) por una asignación o renta mínima del Estado; llevar la edad para el coito legal a los 14 como en España.

  2. Tu hijo sin derechos

    ché estoy mal informado, el nuevo Código Civil ha generado cambios. Por ej baja la edad de consentimiento sexual a los 13. Y entre 13 y 16 puede existir delito si existe inmadurez sexual en la víctima; ó si existe una situación abusiva que implica un sometimiento sexual ultrajante; ó cuando hay violencia, amenaza, coerción abusiva, o acoso en una relación de dependencia, autoridad o poder; ó por cualquier otro motivo que implique que el menor no pueda libremente dar su consentimiento. (casi todo menos la inmadurez probada, es lógico y ya seaplica para cualquier edad)

  3. Tu hijo sin derechos

    Ah en España también es a los 13