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Violencia de género: ¿Dónde está el Estado?
5 junio, 2012
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Argentina tiene desde hace 3 años una excelente Ley de Violencia de Género que si bien no permite aplicar sanciones amplia la definición de violencia hacia las mujeres a situaciones que no se restringen a las paredes del hogar y que pueden darse tanto en el ámbito político, en las instituciones laborales o de salud o en los medios de comunicación. Pero el marco normativo no alcanza y las políticas públicas que deberían haberse desprendido de él, aún no fueron presentadas por el Estado. 

Por Sandra Chaher

COMUNICAR IGUALDAD Durante el año 2011 fueron reportados en medios de comunicación de todo el país los asesinatos por razones de género de 282 mujeres y niñas. “Por razones de género” significa que no fueron asesinadas en el contexto de un robo ni de una pelea –situaciones en las que habitualmente son asesinados los hombres- sino que las mataron varones con los cuales tenían en la mayoría de los casos algún tipo de vínculo. En el 58% de los casos esta relación era amorosa, se trataba de parejas o ex parejas. Los demás fueron padres/padrastros, hermanos/hermanastros, hijos, otros familiares y vecinos. Sólo en el 18% de los asesinatos parece no haber habido vínculo entre víctima y victimario. A su vez, según la misma fuente –el Observatorio Marisel Zambrano de la Asociación Civil La Casa del Encuentro- los feminicidios aumentaron un 8% en relación al 2010 y 18% si tomamos en cuenta el 2009.

¿Qué nos dicen estas cifras? ¿Está aumentando el asesinato de mujeres por razones de género? ¿Las mujeres argentinas son más víctimas de feminicidios que sus congéneres de otros países y continentes? ¿Está trabajando bien el Estado argentino en la prevención de este problema? Estas preguntas no tienen respuestas certeras, sino aproximadas, ya que la violencia de género, si bien es un tema estructural en las sociedades que vivimos, tiene muy pocos años de visibilidad. Recién en 1993, o sea hace menos de 20 años, el mundo acordó que el tema merecía un acuerdo internacional para su prevención y tratamiento (y fue aprobada la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer) y aún no hace 4 años que la ONU le dedica una campaña específica, después de décadas de investigaciones y activismo del movimiento de mujeres. A partir de este compromiso internacional, fueron aprobándose en muchos países buenas normas, como la Ley 26585 del 2009 de Argentina, de Protección integral para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrolle sus relaciones interpersonales. Sin embargo, las normas son necesarias pero no suficientes sino están acompañadas de un diseño de política pública y de un cuerpo administrativo que las ponga en funcionamiento.

Sobre el aumento de los asesinatos de mujeres recogidos de los medios por el Observatorio Marisel Zambrano, es difícil confirmar si responden a un aumento efectivo de los feminicidios en la sociedad, pero la mayoría de las especialistas se inclinan por el no. Más bien se considera que, como consecuencia de la mayor visibilidad que se le está dando al tema, pasaron también a integrar la agenda mediática. En Argentina, por ejemplo, a partir de la sanción de la Ley 26485 hay mucho más tratamiento público y en los medios de la violencia de género.

La comparación con otros países también es complicada porque casi en ningún lado se cuenta con estadísticas oficiales. De hecho, el Observatorio Marisel Zambrano es una organización de la sociedad civil que hace un aporte en un área en la que debería estar activo el Estado. Los datos recogidos allí son en base a medios de comunicación, cuando una estadística real debería basarse en los datos recogidos en hospitales, comisarías y expedientes judiciales sobre la forma en que fue reportada la muerte violenta de cada mujer. Aún así, un organismo español, el Centro Reina Sofía, elaboró durante varios años estadísticas sobre los feminicidios de cada país en base a los reportes de organismos nacionales. En el caso de Argentina, el envío lo hace la Dirección Nacional de Política Criminal, que no desglosa dentro de los asesinatos de mujeres los que están originados en razones de género. Haciendo esta salvedad, que probablemente se repita en las estadísticas que envían otros países, Argentina en el 2006 (la última medición disponible) estaba por debajo del promedio mundial de feminicidios. En el país se producirían según el informe 15,19 asesinatos por razones de género por cada millón de mujeres, mientras que el promedio de los 45 países analizados es de 19,14. Sin embargo, formamos parte de un continente extremadamente violento hacia las mujeres: 11 de los 14 países que están por encima del promedio pertenecen a América Latina: 8 a América Central y 4 a América del Sur (los vecinos Bolivia y Paraguay están entre los más violentos). La violencia hacia las mujeres se da en el contexto de las sociedades en las que viven; si las sociedades o los países están inmersos en procesos sociales y políticos complejos y violentos, es muy probable que aumenten las estadísticas de violencia de género.

Quedaría analizar el rol del Estado. Como decíamos, Argentina tiene una buena Ley de Violencia de Género, la 26485, emparentada con otras de la región que fueron sancionadas en los últimos 5 años con conceptos de avanzada como el reconocimiento de la violencia hacia las mujeres como una violación a los derechos humanos, la eliminación de la instancia de mediación y la diversidad de figuras jurídicas, entre otros logros. Sin embargo, se trata de una ley que no crea tipos penales nuevos, es decir no pueden aplicarse sanciones a través de ella, y este impedimento tiene que ver con la existencia de la norma en el contexto de una sociedad patriarcal en la que los varones legisladores dijeron que sólo la aprobarían si no existía la posibilidad de que sus congéneres fueran presos por el delito de violencia de género. Aún con esta deficiencia, la ley prevée muchas funciones que colaborarían en la prevención y tratamiento de la violencia y que a tres años de su sanción, y casi dos de su reglamentación, aún no fueron implementadas. Entre ellas, la generación de estadísticas sobre violencia -para lo cual la ley previó la creación de un Observatorio de la Violencia que comenzó a funcionar dentro del Consejo Nacional de las Mujeres (organismo responsable de la implementación de la ley)- y el Plan Nacional de Acción que es el que debería regir y ordenar el funcionamiento de la misma.

La situación de los feminicidios en Argentina no es tan grave como en otros países de la región pero, aún con menos cantidad de mujeres asesinadas, estamos frente a un delito prevenible, que no sucedería si los varones fueran conscientes de que las mujeres no les pertenecen, y por tanto no pueden disponer de sus cuerpos, y la sociedad no avalara la desigualdad y subordinación. Para lograr esta transformación de las cosmovisiones se necesitan procesos articulados de normas, implementación de las mismas, políticas públicas, campañas, sensibilización y difusión, entre otros dispositivos. En síntesis, un fuerte compromiso del Estado en sus tres órganos.


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