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Educación: el sinuoso camino hacia un estado laico
23 julio, 2013
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La Ley de Educación de Salta, sancionada en el 2008 –y cuestionada desde el 2010 en la justicia por un grupo de madres que no desean que sus hijas e hijos reciban obligatoriamente educación religiosa- se basa en la constitución provincial que también prevé que el alumnado reciba educación religiosa en las escuelas públicas. Las constituciones de Tucumán y Catamarca tienen articulados similares. No existen a la fecha investigaciones que puedan determinar si hay otras provincias, como Salta, en las que esta materia se implemente efectivamente en las escuelas públicas. En Mendoza acaba de presentarse un amparo judicial reclamando que el alumnado de las escuelas públicas no sea obligado a conmemorar los feriados religiosos.

Cdest1esquivelOMUNICAR IGUALDAD- En el trabajo “Religión y política en Argentina. La influencia religiosa en las constituciones provinciales” , el investigador del CONICET Juan Cruz Esquivel analiza la presencia de postulados vinculados a la religión católica en las constituciones de todo el país y ubica a Salta –en una escala imaginaria entre provincias confesionales y otras laicas-, dentro de las más confesionales, entre las que promueven la protección de la institución religiosa, junto a Catamarca. En este rango Santa Fe es la más extrema, señalando el artículo 3 su constitución que “la religión de la Provincia es la Católica, Apostólica y Romana, a la que le prestará su protección más decidida, sin perjuicio de la libertad religiosa que gozan sus habitantes”. En el mismo grupo, todas confesionales, pero con diferentes características, están también Córdoba, Formosa, Tierra del Fuego, Río Negro, Santa Cruz, Santiago del Estero y San Luis. La única de todas las constituciones provinciales que se define como laica es Neuquén.

En relación a la propuesta que hacen en torno a la educación, señala Esquivel: “Como denominador común, las constituciones provinciales suscriben a las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Más conocida como Pacto de San José de Costa Rica, dictamina en su artículo 12º que los padres y/o tutores legales tienen derecho a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral de acuerdo a sus convicciones. A partir de esta consideración, reconocen el derecho de las instituciones privadas, entre ellas, las religiosas, a la enseñanza educativa”. Lo cual no quiere decir que, como en el caso de Salta, deba el Estado asumir la responsabilidad de impartir esta educación religiosa, sino que se acepta que existan instituciones educativas que representen a los diversos credos.

Las disonancias –precisa el texto de Esquivel- emergen a la hora de precisar dónde y cuándo se habilita la educación confesional.” Y en este caso la dest2esquivelprovincia de Salta es paradigmática no sólo porque la confesionalidad está presente en la constitución sancionada en 1998 –que señala en el artículo 49 que “los padres y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones”- sino porque con posterioridad, en el 2008, fue sancionada la Ley de Educación Nº 7546 que reglamenta la constitución señalando también que las escuelas públicas deberán impartir educación religiosa en horario de clases.

Sin embargo, tanto la constitución como la ley se refieren a educación religiosa pero no explicitan que ésta deba ser exclusivamente católica. Pero en la práctica, la educación religiosa que brinda el Estado en las escuelas públicas de Salta es sólo católica.

En las constituciones de Tucumán y Catamarca también se garantiza la educación confesional en los colegios públicos y dentro del horario de clases. Y en Córdoba y Santiago del Estero se autorizan las clases de religión en las escuelas estatales, pero no se especifica el momento de las mismas. Si no fueran dictadas dentro del horario de clases, no serían obligatorias.

En La Pampa y San Luis, por su parte, las constituciones establecen que la enseñanza religiosa debe impartirse exclusivamente por los ministros autorizados desde los diferentes cultos, con posterioridad al horario de clase. “Siete provincias entonces explicitan la incursión religiosa en la educación pública –precisa Esquivel-. Las diecisiete restantes no lo establecen, lo cual no indica una indiferencia del Estado hacia la enseñanza confesional. (…)La disparidad en los principios axiológicos se ve traducida en diseños educativos disímiles, por lo menos en cuanto a su formulación. Mientras en Capital Federal se crean programas de educación sexual, en La Rioja se apunta a la preparación para el matrimonio, la paternidad y la vida familiar.”

En relación a si estas disposiciones constitucionales tienen en la práctica un correlato como el de Salta -es decir si en otras provincias el Estado asumió la educación religiosa dentro de las escuelas públicas-, en el equipo de investigación de Esquivel están actualmente realizando un trabajo sobre el tema que no está concluido.

Carlos Lombardi –abogado y profesor de Derechos Constitucional de la Universidad Nacional de Cuyo e integrante de la Campaña Nacional Separación Iglesia Estado y de la Coalición Argentina por un Estado Laico- señala por su parte: “No nos consta que en otras provincias se repita la situación que se da en Salta. Sabemos que hubo intentos de influenciar los sistemas provinciales de educación con contenidos de educación religiosa a través de pedidos de padres, o directamente de la iglesia católica, ante las autoridades políticas en Santiago del Espero y en otras provincias, pero no tenemos constancia de que esto efectivamente se haya concretado.”

dest3esquivelMendoza

Lombardi acaba de patrocinar en San Rafaél, Mendoza, un amparo judicial presentado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) contra la Dirección General de Escuelas (DGE) de la provincia, reclamando que se suspenda la resolución 1626 de la misma, que establece que los festejos religiosos del 25 de julio (Día del Patrono Santiago) y del 8 de septiembre (Día de la Virgen del Carmen de Cuyo) deben ser parte del calendario escolar.

Actualmente, en las escuelas públicas de Mendoza, esos dos días el alumnado lo conmemora con actividades como si fueran fechas patrias. El amparo de la APDH pide que se declare la inconstitucional de la resolución 1626 de la DGE, que fue emitida durante la dictadura militar y se ampara en la Constitución Provincial que en artículo 212 establece que “la educación será laica, gratuita y obligatoria”.

Más allá de esta presentación, en septiembre del 2012 Ricardo Ermili – director de la Escuela N° 4-130 también de San Rafaél- decidió que en la institución secundaria que él dirige ya no se realizaría la conmemoración de la Virgen del Carmen de Cuyo y envió una carta en este sentido a la DGE en la que señalaba la ilegitimidad de la resolución de la dictadura, por ser discordante con la constitución provincial y expresaba su objeción de conciencia para realizar la conmemoración: “Me resulta en extremo humillante para mí mismo dar tributo o conmemorar aquello en lo no creo -decía el texto-. (…) Como responsable de una comunidad educativa, y en tutela de los alumnos y alumnas no católicos, entiendo que a la hora de hacer actividades escolares corresponde no establecer preferencias ni distinciones fundadas en sus creencias, es decir, no discriminar. (…)La libertad de creencias y de culto que se goza en nuestro país, permite que cada cual, fuera de la escuela, pueda tributar honores y conmemoraciones, conforme a sus íntimas convicciones personales”.

Actualmente en su escuela no se conmemora a la Virgen de Cuyo, pero “de hecho, antes de mi gestión tampoco se hacían actos de contenido religioso; la única diferencia es que me hice cargo de que la orden de la DGE existía y era ilegítima” explica. Y cuando se le pregunta cuál fue la reacción de la comunidad educativa y de la sociedad frente a su iniciativa, relata: “De una planta funcional de 80 personas, 2 docentes me dijeron que no estaban de acuerdo con mi decisión, otros 2 que estaban de acuerdo con que la educación debía ser laica. Un preceptor, a modo de cargada, que me iba a ir al infierno. Mi percepción es que para la mayoría oscila entre la indiferencia y una tibia aprobación”.

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3 comments

  1. Esquivel, por si no lo sabes, la misma Constitución Nacional, garantiza la existencia del Federalismo. Esa es la base de la conformación del país. entonces, no tiene sentido lo que pretendas cambiar.

    1. Fernando, no queda claro a qué aspecto de la nota te referís con tu comentario. Los párrafos que transcribimos del texto de Esquivel no hablan de cambiar algo en particular. ¿Podrías explicar mejor tu posición?

  2. Fernando: es la misma CN la que establece que las constituciones provinciales deben adecuarse a la Nacional, lo que conlleva acatamiento a tratados internacionales incorporados por el art. 75. inc. 22. Ver especialmente el art. 31. Game over.