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“Hay avances, pero falta coherencia a la hora de dictar sentencias”
20 agosto, 2014
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maistegui2Patricia Maistegui es la presidenta de Fundación Irene, que asesoró a Agustina durante el último año. Señala que si bien la sentencia es un logro, por ser la primera de la región sobre trata de personas, pasaron 6 años entre la denuncia y el fallo y hubo muchas postergaciones de audiencias. “Hoy en el accionar de la justicia en materia de delitos de trata de personas con fines de explotación sexual falta coherencia”, afirma.

Por Belén Spinetta

COMUNICAR IGUALDAD- A pesar de los pocos años de condena que recibió Cuviller, desde la Fundación Irene destacan que se trata de un avance por tratarse de la primera sentencia por trata de personas con fines de explotación sexual que se dicta en la región.

Patricia Maistegui, presidenta de la ONG, comentó a COMUNICAR IGUALDAD que Agustina decidió acercarse a ellas porque “quería dar a conocer su testimonio para ayudar a otras mujeres que puedan estar pasando lo mismo”.  El primer encuentro lo tuvieron a mediados de junio de 2013, luego de que realizaran el Primer Congreso Patagónico sobre trata y explotación sexual. Desde ese momento le brindaron ayuda psicológica y la acompañaron durante todo el proceso judicial.

Maistegui  destaca que hay que tener en cuenta que esta sentencia tuvo en cuEnta la vieja ley de trata, la 26.364, que es la que se aplica porque es la que estaba vigente al momento de que se cometió el delito. “En esa vieja ley existía la distinción entre victimas mayores y menores de 18 años,  y el delito en si tenía una pena de 3 a 6 años”, remarca. “En ese caso se tomó como agravante uno de los 3 delitos que contempla esa legislación que es el vínculo, ya que la víctima mantenía una relación de concubinato con el tratante. Vale mencionar que los otros dos agravantes que contemplaba la ley 26.364 eran si se trataban de más de 3 víctimas por un lado, y si los tratantes eran más de 3 por el otro. Asimismo, remarca que entre los fundamentos del fallo se hace mención a la Convención de Belém do Pará y al Protocolo de Palermo, instrumentos del marco internacional derechos humanos en materia de protección a las víctimas.

Sin embargo, es imposible no ver los aspectos negativos. “Estamos hablando de una causa del 2008  y la sentencia es de agosto de 2014, hay una cantidad de años que han pasado en los que este hombre estuvo en libertad ya que no tenía prisión preventiva. Además, las audiencias en las que iba a declarar a víctima se postergaron 3 veces y cada vez que esto  ocurría ella volvía a un estado emocional complicado”, comenta. En este caso la persona víctima ha tenido asistencia, ha modificado su vida, pudo formar una familia y hoy está muy fortalecida…pero no en todos los casos es así, muchas veces la victima queda sola, vuelve a caer en la situación o si hubo denuncia la retira. Estas cosas hay que aceitarlas un poco más, muchas veces las victimas dejan de denunciar porque la respuesta de la justicia es muy lenta y hay una doble victimización”, enfatiza.

Para Patricia Maistegui, hoy en el accionar de la justicia en materia de delitos de trata de personas con fines de explotación sexual “falta coherencia”: “En el caso demaist Marita Verón primero se absolvió a todos los imputados y cuando fue a Casación cambió radicalmente la sentencia. Hay avances pero el criterio de los jueces tiene que ser unánime, la víctima tiene que tener un rol principal y eso aún no se consigue a… pesar de que hay normas que avanzan, la perspectiva de género no está incorporada a las funcionarios judiciales que son los que dictan las sentencias”.

Nota central:

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