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Los sectores antiderechos se organizan
19 junio, 2014
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Con anclaje en la situación del Hospital Jaime Ferré, de Rafaela (Santa Fe), donde casi todo el equipo médico se declaró objetor de conciencia, los sectores antiderechos llaman a que quienes están en hospitales del resto del país también se resistan a brindar el acceso a los derechos de las mujeres a los que los obliga la ley.

Por Sarah Babiker

COMUNICAR IGUALDAD- “La objeción de conciencia es nuestro derecho. Defender la vida es nuestra obligación.” En mayúsculas y negritas, bien destacado en el folleto de difusión, puede leerse el lema de la Campaña de Concientización por el Derecho a la Objeción de Conciencia, iniciativa de la ONG Médicos por la Vida y la Asociación Ojo Ciudadano.

El documento alerta contra el Protocolo para la Atención de Abortos No Punibles sancionado por la Provincia de Santa Fe, argumentando que el mismo viola la ley y el derecho internacional por varios costados. Así, citan la ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 26.061) por “no exigir la autorización de ambos padres para la realización de un aborto a cualquier menor de edad” (Artículo 7), calificando como “protección” a la niña o adolescente, que ésta no pueda practicarse un ANP sin la autorización de padre y madre, idea particularmente revictimizadora en los casos en los que el embarazo es resultado de abusos en el seno de la familia o cuando hay violencia en el entorno de la gestante.

También se refieren a la Ley de Derechos del Paciente (Ley 26.529) en su artículo 5 sobre consentimiento informado, aludiendo que el Protocolo no obliga al personal médico a informar a la mujer sobre los riesgos de someterse a un aborto. Si la ley ya garantiza que el médico debe informar sobre las consecuencias de cualquier intervención quirúrgica no se entiende el por qué de esta reiteración, a no ser que esté implicando enseñar a las gestantes ecografías del feto y este tipo de iniciativas disuasorias que los movimientos anti elección califican como información.

Tras cargar contra el Protocolo, la segunda cara del folleto legitima la objeción de conciencia, tomando para ello el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que dice: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”. E invitan no sólo al personal médico, sino a todo el hospital a impedir la aplicación de la guía, “Ello incluye a la/s/el/los recepcionista/s que debe organizar los turnos de atención médica para hacer el aborto, personal de enfermería, auxiliares, anestesistas instrumentistas, hasta el personal de limpieza que debe acondicionar el quirófano”. Se trata sin duda de muchas personas con sus respectivas conciencias con el poder de interferir en el derecho de una mujer a interrumpir su embarazo en los casos previstos por la ley. ¿Cómo garantizar los derechos de las mujeres en este escenario? ¿Y cuándo todo el personal de un hospital elige esta opción? No se trata de un debate teórico, el caso del hospital Dr Jaime Ferré, de la ciudad de Rafaela, ilustra cómo estas situaciones suceden en la práctica.

La toma de decisión de plantarnos y ser objetores de conciencia, no educadores, sino simples objetores fue un debate que hicimos puertas adentro de hospital en donde cada uno llevó su postura y fue emocionante porque fue unánime: todos se negaron a practicar el protocolo, por distintos motivos, algunos que comparto, otros que no”. Así hablaba el director del hospital Roberto Vitaloni, en una entrevista concedida en el marco de la iniciativa “La verdad recuperada”, contraofensiva informativa de la Campaña. La nota cerraba con una significativa invitación a seguir el ejemplo de este hospital, enfrentado a las autoridades provinciales por no contar con médicas o médicos que garanticen la práctica. “Nuestras más sinceras felicitaciones a todo el personal del hospital por ser honestos y valientes en la defensa del niño por nacer y la madre,” concluían.  Así, en nombre de la vida, la libertad de conciencia, y la defensa de la madre, con el caso de Rafaela como referente, los de siempre retoman la lucha para dinamitar las incipientes garantías que tienen las mujeres para abortar en los ya restringidos supuestos del Código Penal Argentino.

Nota central:

Hasta dónde se puede apelar a la objeción de conciencia