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Educación religiosa: una sentencia sin fundamentos
22 julio, 2013
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La Corte Suprema de Justicia de Salta resolvió que la enseñanza religiosa dentro del horario escolar en las escuelas públicas de esa provincia es constitucional, en respuesta a un amparo presentado en el año 2010 por un grupo de madres que se quejaban de que sus hijas e hijos debieran recibir educación religiosa en forma obligatoria en las escuelas públicas de la provincia. “El fallo tiene muy pocos fundamentos y los que hay son retrógrados” dicen desde la Asociación por los Derechos Civiles, organización que acompañó el amparo presentado por las madres. La sentencia del más alto tribunal salteño se suma a otra -difundida el mismo día- que convalidó un protocolo de aborto no punible restrictivo diseñado por la administración de Juan Manuel Urtubey.

COMUNICAR IGUALDAD-  En el año 2010, un grupo de madres de la provincia de Salta –acompañadas por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC)- dest1educrelgsaltainiciaron una acción de amparo colectiva contra el Ministerio de Educación de esa provincia, para que se garantizara la neutralidad del Estado en materia religiosa en las escuelas públicas y se declarara la inconstitucionalidad de la Ley de Educación provincial Nº7546 que, en uno de sus artículos, establece que las escuelas públicas deberán impartir educación religiosa en horario de clases.

Los fundamentos del amparo eran que esta ley provincial era contraria tanto a la Constitución Nacional como a los Tratados de Derechos Humanos que poseen jerarquía constitucional desde 1994 y que imponen a los estados provinciales la adopción de una posición de estricta neutralidad en materia religiosa quedando prohibido el dictado de cualquier tipo de enseñanza confesional en las escuelas públicas. “La aplicación práctica del dictado de educación religiosa en las escuelas públicas es discriminatoria por no establecer uniformidad de criterios entre las distintas instituciones educativas, sobre opción, calificación y eximición de cursado de la materia a niños y niñas no católicos y no creyentes” decía en ese momento la ADC. Pero además, la Ley 7546 se refiere a educación religiosa en general, no de un culto en particular; sin embargo, la educación religiosa que se imparte en las escuelas públicas de Salta es exclusivamente católica.

En marzo del 2012, el juez Marcelo Domínguez, integrante de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la provincia de Salta, ordenó –respondiendo al amparo- que las escuelas públicas de la provincia dejaran de impartir educación religiosa en horario escolar y que el Estado debía tomar medidas para garantizar que “la enseñanza religiosa se impartiera de manera neutral, imparcial y objetiva respetando la libertad de conciencia y de expresión de los y las estudiantes”. Sólo de esta forma, se argumentaba en el fallo, el dictado de la materia Educación Religiosa se adecuaría a los parámetros establecidos por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la Observación General Nº 13 y por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en la Observación General Nº 22.

dest2salta educreligEl fallo que se conoció la semana pasada de la Corte Suprema de Justicia de Salta deja sin efecto la sentencia de Domínguez –enmarcada en el reconocimiento de los tratados internacionales de derechos humanos– y señala en cambio que la enseñanza religiosa dentro del horario escolar en las escuelas públicas de Salta es constitucional y dispone que se implemente un programa educativo alternativo para quienes no deseen ser instruidos en la religión católica.

El fallo –dictado por los jueces Guillermo Posadas, Guillermo Catalano, Guillermo Diaz, Gustavo Ferraris, Abel Cornejo y Sergio Vittar y estando de licencia la jueza Susana Kauffman señala que las normas cuestionadas por el amparo no discriminan a aquellos alumnos que no deseen cursar la materia Educación Religiosa; afirman que la libertad religiosa, aplicada al ámbito de la enseñanza escolar, no debe ni puede ser entendida en el sentido de la exclusión de todo lo religioso; que la Argentina está “jurídicamente estructurada desde su fundación como una nación católica apostólica romana y la Provincia de Salta -en particular- tiene una población mayoritariamente católica”; que la decisión de no impartir la enseñanza católica en las escuelas públicas perjudicaría a los niños de los sectores carentes de recursos que no pueden concurrir a una escuela privada o que viven en lugares alejados de los centros urbanos; y que la separación de los niños entre quienes reciben esa enseñanza y quienes no lo hacen, resulta razonable y no menoscaba el derecho a la igualdad.

Felicitas Rossi –abogada y  coordinadora del Area de Litigio de Interés Público de la ADC-  señala que “el fallo tiene muy pocos fundamentos y los pocos dest3educrelsaltaque hay son conservadores y retrógrados. Decir como argumento que la mayoría de la población es católica, aunque sea cierto, no soluciona los problemas de la minoría, que es lo que nosotros planteamos en el amparo y es la función del derecho, proteger derechos de las minorías. Cuando ellos señalan que la Argentina está ‘jurídicamente estructurada desde su fundación como una nación católica apostólica romana’, no fundamentan su afirmación pero además esto no es correcto, no puede afirmarse de ninguna manera. Si revisás las actas del debate en la conformación de la Constitución de 1853 ves que cuando se discutió el artículo 2, que habla del sostén del culto católico, se refieren solamente a sostén económico. En el espíritu de la Constitución ya está que Argentina no tiene religión oficial, que no se quiso poner una religión de Estado. Y la Corte Suprema, en fallos posteriores, ratificó este argumento. A la vez, esto se reforzó muchísimo en el ‘94  cuando se sacaron de la Constitución algunas disposiciones como la obligación de que el presidente fuera católico o que jurara sobre los santos evangelios y otra referida a la conversión al catolicismo de las personas indígenas. Y también con la incorporación de los tratados internacionales que refuerzan el derecho a la libertad de conciencia”.

dest4adcLa ADC apelará el fallo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Teniendo en cuenta los argumentos arcaicos del fallo de la corte salteña, y la posición garantista de la Corte Suprema Nacional, es probable que el tema se dirima favorablemente hacia la ampliación de derechos de los sectores discriminados, lo cual dejaría sentado un precedente jurídico fundamental en el tema.

El fallo de la Corte Suprema de Salta sobre educación religiosa se suma a otro del mismo organismo -y dado a conocer el mismo día- que convalidó el protocolo y posterior decreto regulatorio del gobernador Juan Manuel Urtubey, que restringió el acceso al aborto no punible en esa provincia en relación al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Notas relacionadas:

Fallo de la Corte sobre abortos no punibles: un paso para adelante y otro para atrás. 

 

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2 comments

  1. quería saber si ya hay un fallo de la corte suprema nacional

  2. Creemos que aún no hubo fallo de la Corte Suprema sobre el tema Griselda.